La Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) de Río Negro alerta por la falta de políticas públicas que hagan frente a los crecientes casos de violencia de género que tienen lugar en todo el país pero que en esta oportunidad se expresan como un caso testigo en Choele Choel.


En esta locaalidad se detecta, como en tantos otros, una justicia que no toma las medidas necesarias a fin de evitar que sigan aumentando el número de víctimas y un Estado que no proporciona las herramientas necesarias para proteger a las mujeres que sufren esta problemática.
Una de ellas es Natalia Sepúlveda y su hija de 5 años que en el 2018 ingresó por lesiones al servicio de guardia del nosocomio local, activando la guardia del Servicio Social. Desde entonces y a pesar de todo el proceso, las medidas cautelares no están siendo respetadas por parte del agresor quien la ha sometido durante horas a golpes, inmovilización y trabajos forzados delante de la menor, sumando el maltrato infantil.
Desde la SENAF se ha realizado desde entonces todo un recorrido de acompañamiento social sobre el caso y el agresor fue condenado a un año y medio de cárcel en suspenso. Para que no sea efectivo su encarcelamiento no debe acercarse a ella, algo que ha incumplido sistemáticamente sin tener sanción.
Es en este punto donde desde la central obrera se denuncia la burocracia judicial y la falta de políticas de estado que contengan este tipo de casos donde, además, las víctimas no tienen independencia económica, con lo cual se les hace muy difícil salir adelante. De hecho, desde marzo y hasta julio Natalia vivió en un vestuario del playón deportivo municipal. Sin ventilación, sin privacidad, sin cocina, con espacios reducidos, entre otras. Actualmente está en un departamento, que debe dejar en estos días, sin tener resuelta aún si situación. Al día de hoy, ni siquiera puede asegurarse el alimento para ella ni para su hija.
Con este caso testigo se quiere señalar que a pesar de la creación de diversos organismos judiciales y policiales las mujeres sigue en estado de indefensión, dado que los tiempos judiciales no se condicen con los tiempos reales de la vida de la persona, lo cual favorece a los agresores, y vuelve a ser revictimizada y castigada por mujer- pobre.
Asimismo, no existen organismos como refugios para mujeres víctimas de violencia, tampoco programas de capacitación real que les permita una salida laboral para que no queden entrampadas en la violencia financiera.
Desde la CTA se exige a Estado políticas públicas para mujeres víctimas de violencia y una vez más se denuncia la necesidad de la implementación de la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.-

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