Durante la sesión extraordinaria del día de hoy, la Senadora Odarda (partido RIO), manifestó su oposición al acuerdo comercial propuesto para que firme la Argentina con el Reino de Qatar, denunciando una potencial operación irregular de compra de tierras en la cordillera de la Provincia de Río Negro.

Al respecto, la senadora justificó su voto negativo en la investigación que se encuentran llevando a cabo periodistas de la talla de Horacio Verbitzky, Susana Lara y Daniel Osovnikar, a raíz de la denuncia de que el Emir de dicho reino, Hamad bin Jalifa Al Thani, habría adquirido alrededor de 28.000 hectáreas en la zona aledaña a la estancia “Hidden Lake S.A.” de manera sospechosa.
“De confirmarse los hechos denunciados - sostuvo la senadora - nos hallaríamos frente a otra operación abiertamente ilegal, en primer lugar por haberse habilitado una compra por parte de un extranjero en zona de seguridad de fronteras, en segundo lugar porque estaría vulnerando la ley 26.737 de extranjerización de tierras, que no permite adquirir más de 1.000 hectáreas a extranjeros en cualquier parte del territorio nacional, y en tercer lugar, porque de ser así se trataría de otro escandaloso acto de cesión de soberanía, sumándose así a los ya ocurridos al habilitarse la instalación de una Base Militar China en Neuquén o al reciente ingreso de tropas estadounidenses bajo supuestos fines humanitarios” – remató Odarda.
La ley 26.737, de extranjerización de tierras, es clara, en cuanto refiere que todos los actos jurídicos que se celebren en violación a lo establecido en la misma serán de nulidad total, absoluta e insanable, sin derecho a reclamo indemnizatorio en beneficio de los autores y partícipes del acto antijurídico. Cuando una persona extranjera va a adquirir una tierra catastrada como “Rural”, debe tramitar por ante la Dirección Nacional de Registro de Tierras Rurales el respectivo “Certificado de Habilitación”, lo que no ha sucedido en manera alguna en el caso de las tierras supuestamente adquiridas por el Emir de Qatar.
A su vez, teniendo en cuenta que parte de las tierras involucradas en la denuncia estarían afectando el territorio de distintas comunidades mapuches, y que el mismo Emir habría instalado un servicio de “seguridad privada” ante la ausencia de fuerzas de seguridad nacionales a partir de las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel; correspondería promover la correspondiente denuncia ante la justicia, en base al incumplimiento del Proceso de Consulta Previa, Libre e Informada que hoy corresponde a los pueblos indígenas.-

0
0
0
s2smodern