La Declaración Universal de los Derechos Humanos plantea en sus artículos 22 y 25, entre otros, que “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”.

Nuestra propia Constitución Nacional, en su artículo 42, dispone que ” Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno”. La plena vigencia y práctica de estos derechos resulta fundamental para el desarrollo de la vida particular de todo individuo y, por ende, constituye un derecho humano inherente a toda persona.

Sin embargo una importante proporción de la sociedad argentina compró el mensaje de que la energía "barata y subsidiada" era equivalente a "crisis". En igual dirección, creyó que consumir mucha energía era malo, peculiaridad de las naciones más atrasadas del globo cuando la realidad mundial muestra que las naciones que más energía per cápita consumen son precisamente las más desarrolladas y las que más subsidios destinan a sus respectivos sistemas energéticos satisfaciendo las necesidades residenciales de sus habitantes y manteniendo precios baratos de la energía para hacer competitivos sus aparatos productivo e industrial en un comercio mundial cada vez más complejo, exigente y concentrado. Subsidiar la energía no constituye ninguna pérdida sino que es fuente de ingentes beneficios porque a energía más barata, mayor consumo per cápita, y a más altos niveles de consumo, mayor el crecimiento del PBI, mayor expectativa de vida, mejor Índice de Desarrollo Humano y menor mortalidad infantil, delincuencia y corrupción. Es que la calidad de vida de una población y su nivel de desarrollo económico (autosuficiencia y modernización de su aparato productivo e industrial) es directamente proporcional a su consumo energético. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI) los subsidios energéticos en países como Rusia y China constituyen el 15% y el 40% respectivamente de su PBI (todo lo que se produce en un país durante un año), en EEUU el 3,8%, Australia el 2%, Reino Unido 1,4%; mientras que en Argentina representan el 3,2%, el país nro. 68 entre 152 países y se encuentra debajo del promedio de las naciones latinoamericanas que es del 4,48%. No obstante los fundamentos y datos precedentes nuestro país va a contramano de la normativa y realidad internacional y nacional ya que desde la asunción del nuevo gobierno las facturas de electricidad treparon 1627 % para los usuarios de Edenor (empresa proveedora de electricidad al norte Capital

Federal) y 1615 % para los de Edesur y tomando como referencia un consumo residencial promedio y. la categoría más baja de consumo de Metrogas mostrará un incremento de 1013 % cuando llegue junio. Como premio consuelo ante la masiva protesta social y la oposición unificada en el Congreso al “tarifazo” el gobierno resolvió aplanar la facturación para que sea homogénea a lo largo del año y se pueda pagar en cuotas y con intereses. De no resultar trágico parecería hasta cómico ya que su resultado no es otra cosa más que sumar al negocio energético el negocio financiero.

Mientras tanto del otro lado del mostrador de los usuarios la contrapartida de los tarifazos son las exorbitantes ganancias de las empresas. De acuerdo a la información suministrada por el Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo los empresarios Luis Caputo ( ministro de Finanzas) y Marcelo Mindlin, ambos pertenecientes al entorno presidencial, ganaron $ 9076 millones en el último año, lo que significa una utilidad de un millón de pesos por hora. Luis Caputo tiene participación accionaria en la Sociedad Argentina de Energía S.A. (Sadesa), que dirige la Central Puerto de generación eléctrica. Además, posee acciones de Edesur que es la única que obtuvo un balance negativo de $ 997,8 millones debido a las multas judiciales por los cortes de luz, pero como está integrada en un negocio global, decir que perdió es parcialmente falso, controla Ecogas (con la mayoría accionaria de Gas Cuyana y de Gas del Centro), Hidroeléctrica Piedra del Águila, Central Térmica Mendoza y Central Térmica La Plata Cogeneración. Es decir, que recoge ganancias a través de toda la cadena de valor energética.

Pampa Energía es dirigida por Marcelo Mindlin, es dueña de Edenor que registró ganancias por $ 691,2 millones pero también participa en las hidroeléctricas Los Nihuiles y Diamante, Transelec, Transener, en Transportadora de Gas del Sur, Refinor, Petrobras, para mencionar sólo algunas de las compañías. Es un pulpo que interviene en todas las etapa productivas. Pampa Energía obtuvo una ganancia consolidada de $ 5.670 millones durante 2017 por todos sus negocios energéticos. Esta compañía también está vinculada al grupo Tarvistock de John Lewis ampliamente conocido en nuestra provincia de Río Negro por la compra fraudulenta de tierras en la zona andina, la apropiación ilegal del Lago Escondido y el establecimiento en su suntuosa estancia de a aeropuerto privado sospechado de ser base de abastecimiento para las fuerzas británicas en camino hacia nuestras islas Malvinas. El grupo Wertheim, por su parte, tiene Metrogas que obtuvo $ 774,8 millones; Gas Natural BAN una utilidad neta de $ 542,9 millones; Camuzzi Pampeana beneficios por $ 824,9 millones.

Edenor, Edesur y Metrogas en el área metropolitana de Buenos Aires y las distribuidoras de las otras jurisdicciones del país constituyen el eslabón final del sistema energético, que también comprende la producción de hidrocarburos( petróleo y gas) y su transporte Según el Instituto Argentino de Mercado de Capitales en el tercer trimestre de 2017 (último dato disponible y antes del último

tarifazo), las compañías energéticas que cotizan en bolsa aumentaron sus ganancias entre el 89 % en el sector de generación de energía eléctrica hasta 2023 % en transporte de gas U$S 189 millones.

Hay otros negocios muy rentables como la importación de gas, a través de estatal ENARSA (Energía Argentina S.A.) para abastecer el mercado interno. Las compras son autorizadas por el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, y en la mayoría de los casos se realizan a través de la empresa Shell, su ex empleadora. Si bien los especialistas coinciden en que la explicación de semejante salto tarifario del gas es multicausal, el elemento definitorio fue la decisión de Aranguren de aumentar el precio del gas de boca de pozo. Hoy el costo del millón de BTU(unidad de medida) está a 5,5 dólares y el Ministerio de Energía tiene previsto llevarlo a 6,38 dólares para octubre de 2019.mientras que por dar solo un dato EEUU lo importa a 2,4 dólares el millón de BTU. Según un reciente informe de los economistas Claudio Lozano y Tomás Raffo “las dificultades para pagar las facturas son directamente proporcionales al crecimiento desmedido de las utilidades empresarias”

Desde el lado de los usuarios podemos decir que el INDEC ha confirmado que más del 40% del sueldo se destina al pago de servicios públicos incluido el transporte por lo que, de continuar este modelo de incrementos, al finalizar el cuadro de readecuación el impacto va a superar largamente el 50% de los ingresos por lo cual las tarifas se transforman en lo que dio en llamarse “pobreza energética” que no es otra cosa que la imposibilidad de hacer frente a los gastos ocasionados por las tarifas de los servicios públicos. Cabe recordar el fallo de la Corte Suprema de la Nación en ocasión de los primeros tarifazos que determinó los criterios a los que deben responder las tarifas de los servicios públicos que son los de progresividad, proporcionalidad, gradualidad y no confiscatoriedad, criterios a los que el gobierno hizo caso omiso. Como propuesta en el corto plazo se deben retrotraer los tarifazos y dejar sin efecto el componente impositivo de las tarifas que va del 21 al 27% mientras se realiza una auditoría de los Libros Contables de las empresas sobre los montos millonarios y el destino que esas empresas le han dado a los subsidios que el gobierno les ha otorgado tanto en la gestión anterior como en la actual y determinar fehacientemente el costo real de cada uno de los servicios, cosa que hasta el día de hoy es una incógnita, para saber cuál es el precio real de las tarifas que corresponde pagar. Tomemos el ejemplo de Gran Bretaña que acaba de intervenir en la baja de las tarifas de gas y la luz poniendo techos en los precios y aquí en la Argentina es hora de actuar de la misma manera. Y como propuesta de más largo plazo, pero no por eso de menor importancia, ya que es de carácter estructural, la cooperativización o nacionalización de los servicios públicos con la participación en su dirección de todos sus actores : estado, trabajadores, empresarios,usuarios. etc. y cuyo objetivo principal sea la satisfacción de los usuarios y no el lucro.

María Jesusa Izaguirre- Lic. En Economía

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