AÚN PUEDEN APELAR Y HASTA TANTO NO HAYA CONDENA FIRME CONTINUARÁN EN LIBERTAD
Luego de 6 años de investigación, desde las 10 de la mañana de este miércoles se dio lectura a la sentencia en el marco del “Caso Solano” donde se juzgaba a 7 policías acusados de haber asesinado y de haber hecho desaparecer el cuerpo del indígena trabajador golondrina Daniel Solano. Los ahora sentenciados a prisión perpetua, apelarán y hasta tanto no haya condena firme continuarán en libertad, a pesar de que se había solicitado su inmediata detención. También investigarán a quienes incurrieron en falso testimonio.


La pena decidida por los jueces para los 7 policías, se conoció poco después de la hora 14. Apenas indicaron que les correspondía “prisión Perpetua” a los siete acusados, la sea repleta se expresó con aplausos, mientras el grupo minoritario que acompañaba a los imputados recibió la noticia con lágrimas y repudio a la decisión del tribunal.

Uno de los abogados de la familia Solano –Sergio Heredia- en declaraciones a FM “Estación Choele”, a media mañana mientras se leía la sentencia, se mostró confiado, ya que en la lectura de los elementos que tomó en cuenta el jurado, estaban contenidos los aportes de la querella. También habían solicitado que si la sentencia era adversa a los acusados, que estos fueran detenidos de inmediato. Sin embrago el fallo de los jueces no hizo lugar a ese pedido y decidió que los 7 policías –la mayoría trabajando dentro de la fuerza- continuaran en libertad, ya que queda la instancia de apelaciones, y hasta que la sentencia no quede firme, no serán privados de su libertad.
A la par se ordenó que se avance en la investigación de 3 testigos que incurrieron en falso testimonio.-

DETALLES DE LA SENTENCIA Los jueces de la ex Cámara Criminal Segunda de Roca resolvieron hoy, por unanimidad, condenar a la pena de prisión e inhabilitación perpetuas a los siete efectivos policiales que llegaron a juicio imputados por la muerte del trabajador Daniel Solano, ocurrida en noviembre de 2011 en Choele Choel. La lectura de la sentencia comenzó a las 10 y finalizó a las 14:30 en el salón Auditorio de la Ciudad Judicial y estuvo a cargo de los propios jueces, María Evelina García Balduini, Gastón Martín (autor del primer voto, designado por sorteo) y Oscar Gatti. El Tribunal condenó a los imputados Sandro Gabriel Berthe, Pablo Federico Bender y Juan Francisco Barrera como coautores de los delitos de “homicidio agravado por alevosía y por haber abusado de sus funciones como miembros de una fuerza de seguridad, en concurso real con vejaciones”. Luego, condenó a los efectivos Pablo Andrés Albarrán Cárcamo, Pablo Roberto Quidel y Diego Vicente Cuello como coautores de los delitos de “homicidio agravado por alevosía y por haber abusado de sus funciones como miembros de una fuerza de seguridad, en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Por último, condenó al oficial Héctor César Martínez como coautor del delito de “homicidio agravado por alevosía y por haber abusado de sus funciones como miembros de una fuerza de seguridad”, absolviéndolo por el beneficio de la duda de los cargos por “abuso de autoridad y falsedad ideológica” por los que también había sido acusado. En todos los casos el monto de la pena aplicada es el establecido específicamente por el Código Penal para los delitos de homicidio calificado: prisión perpetua más inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos. Por otra parte, el Tribunal dispuso “no hacer lugar a la prisión preventiva” solicitada por la Fiscalía, por no encontrarse firme la condena dictada en la fecha. Entre los fundamentos vertidos en el fallo explicaron que “no existen riesgos procesales” que ameriten el encarcelamiento preventivo; que los imputados “han prestado caución real” (que se mantuvo expresamente en la sentencia); “han fijado domicilio, realizan presentaciones semanales y han cumplido todas las cargas procesales que les han sido impuetas”. Por otra parte, durante la tramitación de la causa ya estuvieron detenidos y “han agotado los tiempos máximos de detención preventiva” que permite el Código Procesal Penal. Como nueva pauta de conducta el Tribunal sumó para todos los imputados la “expresa prohibición de salir del país”. Por último, los jueces resolvieron remitir al Ministerio Público Fiscal las copias de las actuaciones del debate ante la presunción de que tres personas habrían mentido en sus declaraciones testimoniales para favorecer a los imputados. Respecto de esos tres testigos, será el Fiscal de Grado correspondiente el responsable de evaluar si existió delito. Algunos fundamentos Uno de los fragmentos de la sentencia referidos a la calificación legal dada a los hechos indica: “El homicidio se configura porque de manera violenta se ha matado a una persona, Francisco Daniel Solano, agravado por alevosía y por ser los autores miembros de una fuerza de seguridad, quienes actuaron abusando de de sus funciones. Sin lugar a dudas todos los elementos típicos del homicidio agravado por alevosía (art. 80 inc. 2 del Código Penal) se encuentran debidamente acreditados, toda vez que los autores del hecho actuaron sobre seguro, viéndose la víctima superada en número e imposibilitada de ejercer defensa alguna. El ataque violento fue sin riesgo para los autores, quienes tenían asegurado el resultado muerte, sin que la víctima pudiera oponerse o resistrse a esa agresión (…) Es claro que los autores se aprovecharon de esa indefensión de su víctima para consumar el delito de homicidio”. Por otra parte, en cuanto a los delitos comprobados, los jueces coincidieron en que corresponde aplicar la calificación legal de “homicidio calificado” y no la de “desaparición forzada de persona” por ser esa última una figura penal cuyo juzgamiento es de exclusiva competencia federal. En cuanto a la responsabilidad y participación de los siete acusados, el Tribunal concluyó que la versión de descargo que brindaron éstos “ha quedado plenamente desvirtuada a la luz de la numerosa, seria y concordante prueba de neto corte incriminatorio que se ha producido durante este extenso juicio oral y público, posibilitando ello sostener con certeza y sin duda alguna que los siete imputados perpetraron los hechos que se les endilgan, bajo las circunstancias de tiempo, modo y lugar detalladas por la Fiscalía y por la Querella (…) al referirse al objeto procesal que nos convoca”. Los jueces recalcaron la existencia de testigos que aquella madrugada “ven como lo golpean y lo cargan al patrullero”, siendo los autores del primer tramo del hecho los policías Berthe, Martínez, Barrera y Bender, quienes mediante vejaciones lo retiraron del boliche Macuba y lo agredieron en las inmediaciones. A ellos luego se sumaron, a bordo del patrullero, sus pares Albarrán Cárcamo, Quidel y Cuello, retirando a Solano del sector hasta a la zona del balneario de la Isla 92 de Choele Choel, donde finalmente se produce su muerte. Cabe señalar que la sentencia no se encuentra firme, puesto que las defensas tienen derecho a interponer casación y a impulsar otras instancias recursivas ante el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro y eventualmente la Corte Suprema de Justicia de la Nación. FUENTE: REDACCIÓN Y Delegación de Comunicación Judicial, Segunda Circunscripción
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